En este artículo de opinión, Daniela Alburquerque, directora del Departamento de Formación Integral e Inclusión, se refiere al deber que tenemos como sociedad de proteger la dignidad y derechos de todas las personas; y en particular, la responsabilidad de nuestra comunidad universitaria para educarse y reflexionar sobre la redefinición de las limitaciones a las capacidades y el significado de las acciones para la inclusión.

Hablar de inclusión es un desafío, y lo es porque la palabra en sí misma encierra una peligrosa reducción: la asociación directa a colectivos (como las personas en situación de discapacidad, diversidad sexual o condiciones de clase) asumiendo que todas ellas están excluidas de base; y, por otro lado, negar la necesidad de inclusión nos hace correr el riesgo de invisibilizar la concreta experiencia de discriminación y marginación de muchos colectivos que experimentan graves ‘pendientes’ en nuestro país.

Más de 2.8 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad en Chile, según datos de la última Encuesta Nacional de la Discapacidad EDISC de 2015. Si lo llevamos a porcentajes, representan a un 16.7% de la población general. Esta cifra, que requiere ser actualizada, nos exige como sociedad y, en particular, como lugar de formación de profesionales, educarnos para, ante todo, reconocer que todas y todos somos iguales en dignidad y derechos y que la idea de un “otro excluido” es acotada y (por qué no decirlo), simplista.

¿Qué entendemos por discapacidad? Una categoría que ha transitado desde un modelo biomédico que sitúa la condición en la persona, exigiendo un desempeño amparado en la ideología de la normalidad, hasta la actual necesidad de reconocimiento de la diferencia como un derecho humano en donde es el contexto físico, social, político y económico el que genera las barreras para que las personas, en su diversidad, puedan participar en igualdad de condiciones.

Entonces, es un importante desafío como Usach asegurar las condiciones para cumplir con el mandato de una Institución garante de derechos, tanto en los contextos de docencia como en la vida universitaria.

En este sentido, nuestra Casa de Estudios ha cumplido un rol importante en el país al ser una Institución de Educación Superior estatal que ha contribuido en la generación de políticas públicas en materia de inclusión, las que han sido un aporte para otras entidades a través de estos años.